El proyecto aprobado por el Congreso que faculta a la Policía Nacional a liderar investigaciones preliminares, desplazando parcialmente a la Fiscalía, ha generado preocupación en diversos sectores debido a sus implicaciones sobre el sistema de justicia penal en Perú. Una de las críticas más contundentes radica en la concentración excesiva de poder que este proyecto otorga a la Policía, lo que podría comprometer los principios de imparcialidad y debido proceso que deben primar en la fase de investigación de los delitos.

Impacto sobre la imparcialidad y la separación de funciones

Uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema de justicia democrático es la separación clara de funciones entre los diferentes actores del proceso. En el marco legal vigente, la Policía tiene un rol operativo en la investigación, pero es la Fiscalía quien lidera y supervisa el proceso, asegurando que las actuaciones policiales no vulneren derechos fundamentales ni se desvíen de los objetivos de justicia. Sin embargo, al trasladar esta facultad a la Policía, se corre el riesgo de que las investigaciones se vean sesgadas por la falta de un contrapeso efectivo, afectando la imparcialidad que caracteriza al Ministerio Público en su rol de garante de los derechos procesales.

La Fiscalía, con su estructura especializada y capacidad de supervisión, se convierte en un actor que protege a los ciudadanos de posibles abusos de poder durante las investigaciones. Bajo el nuevo esquema, al reducirse su participación, es posible que se debilite el control sobre el cumplimiento de los principios de legalidad, objetividad y proporcionalidad, abriendo la puerta a prácticas que podrían afectar la transparencia en el manejo de los casos.

Vulnerabilidad de derechos fundamentales

Otro aspecto relevante es el riesgo que este proyecto representa para los derechos fundamentales de las personas sometidas a investigación. En muchas democracias, la independencia del ente que dirige las investigaciones asegura que las actuaciones policiales no excedan los límites constitucionales. Con este nuevo modelo, se podría intensificar el riesgo de detenciones arbitrarias, violaciones de los derechos humanos, o prácticas abusivas, ya que la Policía tiene históricamente un enfoque más operativo y menos protector de las garantías constitucionales en comparación con la Fiscalía.

Sobrecarga de responsabilidades en la Policía Nacional

Además, la Policía Nacional ya enfrenta una gran carga de trabajo en temas de seguridad ciudadana, lucha contra el crimen organizado y otras áreas críticas. Darle también la responsabilidad de liderar investigaciones preliminares podría sobrecargar sus funciones y, en consecuencia, reducir su eficiencia tanto en las investigaciones como en sus otras áreas de actuación. Esto no solo comprometería la calidad de las investigaciones, sino que también podría afectar la capacidad de la Policía para cumplir con su misión principal de proteger a la ciudadanía.

Potenciales conflictos interinstitucionales

La implementación de esta ley también podría generar tensiones entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, instituciones que históricamente han tenido roles bien definidos en la persecución del delito. Con la Policía asumiendo mayores atribuciones, podrían surgir conflictos sobre el manejo y control de las investigaciones, lo que podría derivar en un sistema judicial menos eficiente y más fragmentado, con procesos más lentos y menos coordinados.

Propuesta alternativa

Una alternativa viable podría ser fortalecer la cooperación entre la Policía y la Fiscalía, mejorando los canales de comunicación y aumentando los recursos para ambas instituciones, sin alterar sus roles tradicionales. Este enfoque permitiría mantener el equilibrio y la supervisión necesarios, al tiempo que optimizaría la eficiencia en la investigación de los delitos, siempre dentro de los límites constitucionales y con respeto a los derechos fundamentales de las personas.

es decir

Si bien el objetivo de mejorar la eficiencia en las investigaciones es loable, el proyecto de ley que otorga a la Policía Nacional la facultad de liderar las investigaciones preliminares puede generar graves riesgos para el equilibrio de poderes, la imparcialidad de las investigaciones, y los derechos fundamentales de los investigados. En lugar de concentrar el poder en una sola institución, el fortalecimiento de la colaboración interinstitucional y el respeto por el rol supervisor de la Fiscalía podrían ser estrategias más efectivas y menos riesgosas para el sistema de justicia peruano.